¿Quién controla los datos del Estado Dominicano?

La dependencia tecnológica de Europa frente a Estados Unidos ha dejado de ser un debate académico para convertirse en una vulnerabilidad estratégica de primer orden. Un informe publicado por el Future of Technology Institute (FOTI) revela que 23 de 28 países europeos analizados dependen de proveedores estadounidenses — principalmente Microsoft, Google, Amazon y Oracle — para gestionar funciones críticas de seguridad nacional. Alemania, Polonia y el Reino Unido figuran entre los países clasificados como de “alto riesgo” ante un potencial corte de servicios por parte de Washington.

El informe no se limita a señalar contratos directos. También advierte que los servicios de nube “soberana” ofrecidos por empresas americanas no eliminan la dependencia subyacente, ya que siguen sujetos a la Ley CLOUD de EE.UU., que permite a las autoridades estadounidenses acceder a datos almacenados en el extranjero o exigir la interrupción de servicios. El precedente más reciente y alarmante fue la suspensión temporal de imágenes satelitales de Maxar a Ucrania tras las tensiones entre Trump y Zelensky, lo que demostró que esta amenaza no es hipotética.

Frente a este panorama, algunos países europeos han comenzado a tomar medidas. Italia está migrando hacia software de código abierto en su ministerio de defensa, mientras que los Países Bajos trabajan con KPN y la francesa Thales para construir una nube de defensa propia. Sin embargo, los avances son lentos y la mayoría de las naciones aún se encuentran en etapas iniciales de diversificación.

Paralelo con República Dominicana

Esta realidad no es ajena a la República Dominicana. Instituciones clave como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Junta Central Electoral y organismos financieros como el Banco Central operan con infraestructura tecnológica fuertemente dependiente de proveedores estadounidenses, ya sea directamente o a través de integradores locales que utilizan plataformas como Microsoft Azure, AWS o Google Cloud. Empresas dominicanas del sector financiero, telecomunicaciones y salud también replican este patrón.

A diferencia de Europa, la República Dominicana carece de una política nacional de soberanía digital que evalúe estos riesgos de forma sistemática. El país no cuenta con un marco regulatorio claro sobre dónde deben residir los datos sensibles del Estado, ni con alternativas de nube local o regional suficientemente desarrolladas. En un contexto geopolítico donde las relaciones con Washington pueden cambiar con rapidez — como ha demostrado la actual administración Trump con aliados históricos — esta dependencia representa una brecha de seguridad nacional que merece atención urgente.

Iniciativas regionales como la Alianza Digital del Caribe o acuerdos bilaterales con la Unión Europea podrían ofrecer caminos alternativos. La experiencia europea demuestra que incluso pasos pequeños hacia la diversificación tecnológica generan resiliencia. Para la República Dominicana, el momento de iniciar esa conversación es ahora.