Medio Ambiente interviene obras ilegales en el Yaque
Cinco edificaciones pasarían al Estado en Jarabacoa
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino un complejo de nueve edificaciones levantadas dentro de la franja de protección del río Yaque del Norte, en la comunidad La Guázara, municipio de Jarabacoa. La actuación pone nuevamente en primer plano la importancia de respetar las zonas ribereñas y de fortalecer la vigilancia sobre proyectos que puedan comprometer los ecosistemas de agua dulce en República Dominicana.
Durante la inspección, las autoridades verificaron que seis estructuras se encontraban en la parte frontal del complejo, algunas prácticamente sobre la ribera del río. Las otras tres estaban ubicadas a aproximadamente 21.3 metros del cauce, también dentro de la franja de protección establecida para preservar el entorno natural del Yaque del Norte.
Como resultado del operativo, los representantes legales del propietario acordaron entregar en decomiso al Ministerio cinco de las edificaciones situadas en el área frontal del proyecto. Entre ellas figura una construcción principal de dos niveles y ocho habitaciones, concebida para uso hotelero, además de una edificación anexa, dos gazebos laterales y otra estructura complementaria.
Una vez se formalice la entrega, estas infraestructuras pasarán a la custodia del Ministerio de Medio Ambiente. La institución realizará evaluaciones técnicas para determinar el estado de las construcciones y establecer si podrían aprovecharse en iniciativas de interés comunitario o de ecoturismo. Este posible destino abriría la oportunidad de convertir una situación de incumplimiento ambiental en un espacio con valor público, educativo o recreativo, siempre que las condiciones técnicas, legales y ecológicas lo permitan.
Las autoridades precisaron que durante la intervención no se realizaron demoliciones. La decisión respondió a la necesidad de evitar que escombros, materiales de construcción u otros residuos terminaran en el río Yaque del Norte, provocando una afectación adicional al cauce y a los ecosistemas asociados.
El expediente del proyecto ya incluía actuaciones administrativas por la construcción de edificaciones sin autorización ambiental, así como órdenes de cese y paralización. También se había impuesto una sanción administrativa de RD$138,600. Sin embargo, el Ministerio aclaró que ese pago no regulariza las obras ni representa una autorización para continuar construyendo dentro del área protegida.
Mientras se completa el proceso de formalización del acuerdo, no podrán realizarse nuevas construcciones, ampliaciones ni modificaciones en el complejo. La intervención en La Guázara deja un mensaje claro: la protección de las riberas no debe verse como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición indispensable para que el turismo, la inversión y las comunidades puedan convivir con los recursos naturales de manera sostenible.
