Esta semana se han reportado nuevos casos de estafas inmobiliarias y telefónicas en la República Dominicana, incrementando la preocupación entre compradores, inquilinos y ciudadanos en general. Las modalidades más comunes incluyen la venta de propiedades inexistentes, la suplantación de propietarios, y la promoción de proyectos fantasma o en proceso de quiebra, afectando tanto a residentes como a dominicanos en el extranjero.
En el ámbito telefónico, los ciberdelincuentes utilizan mensajes engañosos y llamadas suplantando empresas o instituciones para obtener información o transferencias ilícitas. Según alertas recientes, más de cien familias han sido víctimas de fraudes inmobiliarios en los últimos dos años, y solo en Nueva York se reportan más de 300 dominicanos afectados por empresas fantasma. Ante el auge de estos delitos, autoridades como el Defensor del Pueblo y Pro Consumidor han intensificado las campañas de prevención, recomendando verificar siempre registros, autenticidad del título y asesorarse con profesionales en bienes raíces antes de cualquier inversión.
El escenario actual ha fortalecido también el endurecimiento legal, ya que el nuevo Código Penal contempla hasta diez años de prisión para estafadores inmobiliarios, buscando disuadir a los responsables y proteger la seguridad patrimonial de todos.
