El debate sobre las posibles “ejecuciones extrajudiciales” por parte de la Policía Nacional ha alcanzado niveles críticos en la República Dominicana durante 2025, con 170 muertes en supuestos “intercambios de disparos”, cifra que supera la registrada en años anteriores y coloca al país por encima de la media regional.
Diversos sectores sociales, incluido el Defensor del Pueblo, exfiscales y organizaciones de derechos humanos, han denunciado la falta de investigaciones independientes y el patrón de impunidad, señalando que la mayoría de los casos son presentados como enfrentamientos, pero muestran signos de ejecuciones sin debido proceso judicial.
Este incremento, unido al impacto social por casos emblemáticos como la masacre de Santiago —tras la cual se suspendió a agentes policiales y se ocupó evidencia audiovisual—, ha desatado manifestaciones y exigencias públicas por la rendición de cuentas. El informe 2024 del Departamento de Estado de EE. UU. y la Oficina Nacional de Estadística confirman el patrón de muertes policiales: en cuatro años los fallecidos se triplicaron y la tasa nacional es casi cuatro veces mayor que la de Estados Unidos.
El llamado común es por una reforma profunda del modelo de seguridad, respeto irrestricto a los derechos humanos y un compromiso institucional para erradicar la violencia policial y restaurar la confianza ciudadana.
