Un nuevo escándalo sacude las instituciones públicas en República Dominicana. La denominada “Operación Lobo”, llevada a cabo por el Ministerio Público, ha destapado una compleja red de corrupción administrativa, sobornos y maniobras fraudulentas dentro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y otras entidades estatales, como las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este, Norte y Sur.
Una empresa que se negó a pagar sobornos
En el centro de este entramado se encuentra la empresa de seguridad Orus VIP, representada por Edwin Morillo. Esta compañía fue originalmente adjudicada para brindar servicios de vigilancia en 42 centros de atención del INAIPI. Sin embargo, según la investigación, funcionarios de la institución exigieron sobornos para permitir la ejecución del contrato.
Al negarse a pagar dichas exigencias, Orus VIP fue obstaculizada sistemáticamente: se ignoraron sus comunicaciones oficiales, se le negó información esencial y se le impidió la instalación de vigilantes en los centros asignados. El resultado fue la exclusión de Orus del contrato y su eventual reemplazo por otra empresa.
SENACE: contratos inflados y sobornos comprobados
La empresa que sustituyó a Orus VIP fue Servicio Nacional de Seguridad Integral (SENACE), la cual, según el Ministerio Público, obtuvo la adjudicación gracias al pago de sobornos a funcionarios claves del INAIPI. SENACE fue beneficiada con un contrato cuyo monto superó los 20 millones de pesos, con un incremento del 93.37 % respecto al contrato original de Orus, violando la normativa que establece un límite de aumento del 20 % en contratos públicos.
La investigación revela que SENACE no contaba con la solvencia ni los requisitos técnicos mínimos exigidos, pero aun así logró acceder a la licitación y ser favorecida. Funcionarios involucrados, como el coronel Francisco Guarín Fernández Vázquez y el teniente Wellington Peralta Santos, habrían recibido pagos periódicos equivalentes al 7 u 8 % de cada factura emitida por la empresa a cambio de agilizar pagos, facilitar la instalación del servicio y omitir informes de irregularidades que pudieran anular el contrato.
La ruta del soborno
El expediente presentado por el Ministerio Público detalla reuniones específicas entre los imputados, donde se acordaron los pagos ilegales. En una de ellas, celebrada en un restaurante del Distrito Nacional, se propuso inicialmente un pago de 10,000 pesos por cada vigilante. Posteriormente, se estableció que el soborno se haría de forma continua a través de un porcentaje mensual de cada pago recibido.
Estas dádivas no solo aseguraban la adjudicación de los contratos, sino también su continuidad y blindaje frente a eventuales auditorías o sanciones administrativas. En otras palabras, se creó una estructura que garantizaba beneficios económicos ilegales tanto para los funcionarios como para los empresarios involucrados.
Un esquema más amplio
Aunque el caso del INAIPI ha sido uno de los focos de la investigación, la “Operación Lobo” se extiende también a otras entidades estatales, incluyendo las distribuidoras de electricidad, donde presuntamente se replicaba el mismo esquema de sobornos y contratos inflados.
Este tipo de prácticas representa una grave amenaza para la transparencia y eficiencia del gasto público, especialmente en sectores sensibles como la infancia y los servicios esenciales. El caso ha generado gran atención pública, tanto por el monto de los contratos involucrados como por la profundidad del esquema de corrupción que ha salido a la luz.
Conclusión
Lo expuesto hasta ahora por el Ministerio Público confirma no solo la existencia de corrupción, sino la sistematización de estas prácticas dentro de la administración pública. La denuncia de empresas como Orus VIP demuestra que aún existen actores dispuestos a enfrentar estas redes ilícitas, pero también deja en evidencia las consecuencias de no ceder ante las exigencias del soborno.
La “Operación Lobo” promete seguir revelando nuevas conexiones y responsables en los próximos días. Lo que está en juego no es solo la sanción de unos pocos individuos, sino la posibilidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
