Nueva ley de telecomunicaciones entra en consulta

República Dominicana se encuentra ante una posible actualización profunda de las reglas que organizan sus telecomunicaciones y su infraestructura digital. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, puso a consulta pública el borrador de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, una propuesta que busca sustituir y modernizar el marco vigente desde la Ley 153-98.

El cambio no es solamente de nombre. La iniciativa amplía la mirada tradicional, centrada en telefonía, internet, televisión y operadores móviles, hacia un ecosistema digital mucho más amplio. El borrador incorpora redes públicas y privadas, infraestructura activa y pasiva, espectro radioeléctrico, estaciones satelitales, cables submarinos, puntos de intercambio de tráfico, centros de datos, ciberseguridad, competencia y protección de usuarios.

Por ahora, es importante subrayarlo: el documento no es una ley vigente. Se encuentra en proceso de consulta pública, diálogo técnico y revisión jurídica antes de una eventual presentación ante el Congreso Nacional. Sus disposiciones pueden cambiar durante ese recorrido.

De telecomunicaciones a infraestructura digital

La transformación tecnológica de las últimas décadas ha dejado atrás la idea de que las telecomunicaciones se limitan a llamadas telefónicas y servicios de internet. Hoy, la conectividad sostiene plataformas de comercio electrónico, trabajo remoto, educación virtual, banca digital, telemedicina, servicios en la nube, inteligencia artificial, logística, entretenimiento, ciberseguridad y comunicación empresarial.

La propuesta de Indotel reconoce esa realidad al extender el alcance regulatorio hacia infraestructuras que son esenciales para el funcionamiento digital del país. Entre ellas se encuentran:

• • Redes y servicios de telecomunicaciones públicos y privados vinculados funcionalmente al sector.

  • Infraestructura activa, como antenas, estaciones radioeléctricas y componentes de red.

  • Infraestructura pasiva, como torres, postes, ductos, canalizaciones y espacios físicos.

  • Espectro radioeléctrico, recursos orbitales y estaciones terrenas satelitales.

  • Cables submarinos y estaciones de amarre, fundamentales para la conectividad internacional.

  • Puntos de intercambio de tráfico de internet.

  • Centros de datos vinculados a la seguridad, integridad o continuidad de redes y servicios públicos de telecomunicaciones.

La inclusión de centros de datos es uno de los aspectos más relevantes. Bajo el borrador, los data centers considerados estratégicamente vinculados a redes o servicios públicos podrían quedar sujetos a obligaciones mínimas de registro, resiliencia, gestión de riesgos y notificación de incidentes, con detalles que serían desarrollados posteriormente mediante reglamentos.

Para negocios digitales, empresas de software, proveedores de nube, bancos, comercios electrónicos y organizaciones que dependen de servicios en línea, esta discusión tiene importancia directa. Una infraestructura digital más robusta puede reducir riesgos, mejorar la continuidad operativa y atraer inversión tecnológica; pero las obligaciones regulatorias también pueden añadir costos y exigencias de cumplimiento.

Permisos, competencia y despliegue

Uno de los elementos más prácticos del proyecto es la propuesta de crear una ventanilla única electrónica para agilizar permisos relacionados con el despliegue de infraestructura. La medida busca simplificar procesos para instalar redes, torres, fibra óptica, ductos y otros activos necesarios para expandir la conectividad.

En la práctica, una ventanilla única podría ayudar a reducir duplicidades administrativas y tiempos de espera, especialmente en proyectos que requieren autorizaciones de varias instituciones o gobiernos locales. Su utilidad dependerá de cómo se implemente: interoperabilidad institucional, plazos definidos, requisitos transparentes, trazabilidad de expedientes y mecanismos de apelación serán determinantes.

La propuesta también impulsa la compartición de infraestructura cuando sea técnica y económicamente viable. Esto podría incluir elementos pasivos, como postes, torres y ductos, y componentes activos, como antenas o estaciones radioeléctricas.dplnews+1

La compartición puede reducir costos de despliegue, acelerar la expansión de servicios en zonas menos rentables y disminuir la duplicación innecesaria de infraestructura. Para el usuario final, en teoría, una competencia más efectiva y una red más eficiente podrían favorecer mejor cobertura, más opciones y precios más competitivos. Sin embargo, el resultado dependerá de la regulación específica, los incentivos de inversión y la forma en que se resuelvan conflictos entre operadores.

Otro cambio planteado es una concesión única, que permitiría instalar, operar y explotar redes e infraestructura para servicios públicos de telecomunicaciones mediante un mismo trámite y título legal. El modelo simplificaría un régimen históricamente organizado por tipos de servicios, aunque las licencias individuales para espectro radioeléctrico y servicios satelitales mantendrían reglas diferenciadas.

Sanciones y ciberseguridad

El borrador plantea un régimen sancionador más estricto. El artículo 182 propone que las personas o empresas que presten servicios de telecomunicaciones sin el título habilitante correspondiente no puedan solicitar un nuevo permiso durante cuatro años. Además, deberían pagar los derechos, tasas o cánones que habrían correspondido durante el período de operación irregular.

La medida sería independiente de otras posibles sanciones administrativas o penales. También se establece que el pago de una multa no legaliza por sí mismo una actividad irregular: el infractor tendría que cesar la conducta, regularizarse y cumplir las obligaciones pendientes.

El texto también contempla que Indotel pueda suspender temporalmente el título habilitante de una empresa autorizada hasta que esta pague una sanción económica impuesta, según el artículo 185 del borrador.

En materia de ciberseguridad, la propuesta busca reforzar la integridad, continuidad y resiliencia de las redes e infraestructuras digitales. Asimismo, introduce criterios para proveedores confiables de equipos y servicios de telecomunicaciones, con exigencias relacionadas con capacidades técnicas y financieras, seguridad, continuidad, respuesta ante incidentes y trazabilidad.

Estas disposiciones pueden ser especialmente relevantes para operadores, proveedores de equipos, empresas de infraestructura crítica y centros de datos. También generan una discusión necesaria sobre proporcionalidad regulatoria, protección de información, costos de cumplimiento, criterios técnicos transparentes y seguridad nacional.

Qué deben observar las empresas

La consulta pública abre una oportunidad para que empresas, operadores, emprendedores, universidades, especialistas, organizaciones de usuarios y sociedad civil presenten observaciones antes de que el proyecto avance hacia el Congreso Nacional. Indotel informó que el borrador será discutido con actores del ecosistema para enriquecer la propuesta durante su revisión con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Para empresas de tecnología y negocios digitales, algunos puntos que conviene seguir son:

• • La definición precisa de cuáles redes, proveedores, plataformas y centros de datos quedarán sujetos a obligaciones regulatorias.

  • Los requisitos para obtener, mantener, modificar o renovar títulos habilitantes.

  • El funcionamiento real de la ventanilla única electrónica y los permisos municipales o sectoriales que podría integrar.

  • Las condiciones de compartición de infraestructura, acceso a facilidades esenciales y resolución de disputas entre operadores.

  • Las obligaciones de ciberseguridad, notificación de incidentes, gestión de riesgos y continuidad operativa.

  • El tratamiento de datos, confidencialidad empresarial y acceso regulatorio a información técnica.

  • Las reglas sobre espectro, cables submarinos, conectividad internacional y servicios satelitales.

  • La proporcionalidad de multas, sanciones e inhabilitaciones para empresas grandes, medianas y pequeñas.

Para proveedores de conectividad, la reforma puede redefinir costos de operación, requisitos regulatorios y oportunidades de expansión. Para desarrolladores de infraestructura, puede acelerar permisos y promover nuevos proyectos. Para negocios digitales, podría mejorar la disponibilidad, resiliencia y calidad de la conectividad de la que dependen sus operaciones diarias.

La modernización del marco legal puede ser una oportunidad para reducir brechas digitales, elevar la competencia, atraer inversión y hacer más resiliente la infraestructura nacional. Pero su éxito dependerá de que el texto final equilibre innovación, seguridad, inversión, competencia y derechos de los usuarios.