La reaparición de Donald Trump en el centro de la política estadounidense no solo ha reactivado viejos reflejos ideológicos, sino que ha cristalizado una reformulación explícita de la doctrina de seguridad hemisférica. En esta nueva arquitectura, el narco–terrorismo se convierte en el eje jurídico, moral y operativo que permite reescribir la histórica Doctrina Monroe bajo condiciones del siglo XXI. El resultado es una síntesis inquietante: Big Stick + crimen transnacional, con América Latina como escenario preferente.
Bajo esta lógica, el narcotráfico deja de ser un fenómeno criminal complejo y pasa a ser una amenaza existencial, equiparable al terrorismo global, habilitando así la extraterritorialidad penal, la militarización de la respuesta y la opción abierta del uso letal de la fuerza. El caso venezolano —con Nicolás Maduro presentado como “jefe de cartel” del llamado Cartel de los Soles— funciona como laboratorio doctrinal y advertencia regional.
La nueva doctrina: Monroe + narco
La narrativa oficial estadounidense ha consolidado una acusación que va más allá del señalamiento político: Maduro y su círculo son descritos como una organización narco–terrorista, aliada con remanentes de las FARC y otros actores armados, que utilizarían la cocaína como un “arma” contra la sociedad norteamericana. Esta construcción no es solo retórica: está respaldada por acusaciones penales federales, recompensas millonarias y documentos estratégicos que redefinen las amenazas hemisféricas.
El reciente marco estratégico para América Latina reinterpreta la Doctrina Monroe a partir de tres banderas supuestamente técnicas pero profundamente políticas: migración, drogas y estabilidad. Bajo estas categorías se justifica la ampliación de presencia naval, operaciones de guardacostas, “despliegues dirigidos”, inteligencia avanzada y, llegado el caso, acciones letales extraterritoriales. El narcotráfico opera así como la llave jurídica y moral que legitima sanciones, bloqueos, operaciones encubiertas e incluso ataques selectivos en el Caribe y el territorio venezolano.
No se trata de una simple continuidad de la “guerra contra las drogas”, sino de su mutación doctrinal: el narco ya no es solo criminal, es enemigo estratégico.
Implicaciones externas en América Latina
La etiqueta de “narco–terrorismo” establece un precedente peligroso. Cualquier gobierno latinoamericano que entre en colisión geopolítica con Washington puede ser potencialmente encuadrado en esta figura, bastando articular —de manera flexible— vínculos con flujos de droga, guerrillas, pandillas o economías ilícitas. La lógica aplicada a Maduro puede replicarse, con variaciones, sobre otros liderazgos incómodos.
Este enfoque refuerza la securitización de la agenda regional. La cooperación internacional deja de medirse por desarrollo, integración o fortalecimiento institucional y pasa a evaluarse por el grado de alineamiento con la guerra antidrogas reinterpretada. Bases, ejercicios conjuntos, inteligencia compartida y asistencia militar vuelven a ocupar el centro de la relación hemisférica.
Paradójicamente, la presión antidrogas combinada con sanciones económicas tiende a desestabilizar economías frágiles, erosionar Estados y alimentar redes de corrupción y violencia organizada, en lugar de reducir el negocio ilícito. La historia regional demuestra que la represión sin transformación estructural suele reordenar el mercado criminal, no eliminarlo.
La dimensión interna de Estados Unidos: el problema que no se nombra
El giro doctrinal hacia afuera contrasta con una crisis interna no resuelta. Desde 1971, Estados Unidos ha gastado más de un billón de dólares en la guerra contra las drogas, priorizando interdicción y represión por encima de políticas de salud pública. Los resultados son elocuentes: el país sigue siendo uno de los mayores mercados de drogas ilícitas del mundo.
Las tasas de consumo y sobredosis —especialmente vinculadas a opioides sintéticos como el fentanilo— continúan en niveles alarmantes, mientras cerca de dos tercios del presupuesto antidrogas se destinan a la oferta, no a la demanda. Internamente, esta estrategia ha impulsado el encarcelamiento masivo, afectando de manera desproporcionada a comunidades negras y latinas, sin quebrar la rentabilidad del narcotráfico, que se adapta a cada nuevo ciclo represivo.
En este contexto, la doctrina Trump desplaza la responsabilidad política hacia el exterior, atribuyendo a regímenes y carteles extranjeros un problema que está profundamente enraizado en dinámicas sociales, económicas y sanitarias domésticas.
Tensiones y contradicciones estructurales
La combinación de Big Stick y narco–terrorismo genera contradicciones profundas. Al militarizar rutas y actores latinoamericanos sin transformar la estructura de demanda interna, el efecto probable es el desplazamiento geográfico del tráfico, la selección violenta de “ganadores” criminales y una mayor dependencia de élites locales respecto a la protección estadounidense.
Más aún, esta lógica abre un campo altamente discrecional: bajo los mismos criterios con los que se criminaliza a Maduro, cualquier presidente o gobierno de la región puede ser convertido en amenaza criminal–terrorista si colisiona con los intereses estratégicos de Washington. El derecho penal internacional se fusiona así con la geopolítica, erosionando principios clásicos de soberanía y no intervención.
Conclusión
La nueva doctrina estadounidense hacia América Latina no es simplemente una política antidrogas más dura. Es una reingeniería del poder hemisférico, donde el narcotráfico funciona como coartada para reactivar la Doctrina Monroe en clave contemporánea. Mientras Estados Unidos no afronte su propia crisis de consumo, exclusión social y encarcelamiento masivo, la externalización del problema seguirá produciendo más violencia, más dependencia y menos soberanía en la región.
El riesgo central no es solo Venezuela. Es el precedente.
