El gobierno dominicano cerró el año 2025 con una inversión de capital equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que las autoridades presentan como señal de apuesta por la infraestructura y el desarrollo. Estas inversiones incluyen proyectos en carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de agua potable y obras de energía, que buscan reducir brechas históricas en servicios básicos.
Sin embargo, este aumento de inversión convive con cuestionamientos sobre el déficit fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Diversos sectores económicos y sociales han planteado dudas sobre el ritmo de endeudamiento, el nivel de transparencia en la ejecución de obras y el impacto real de los proyectos en la vida cotidiana de la población más vulnerable.
El desafío del gobierno es demostrar que el 2.6% del PIB en inversión de capital se traduce en crecimiento económico inclusivo, generación de empleo y mejora de la competitividad. Para ello, la planificación, la priorización de proyectos y la rendición de cuentas se vuelven elementos clave para sostener la confianza ciudadana y de los mercados.
En un contexto regional donde muchos países enfrentan presiones fiscales, la estrategia dominicana será observada con detenimiento. Si las obras ejecutadas muestran resultados claros en productividad, conectividad y servicios esenciales, la narrativa de inversión responsable podrá imponerse sobre las preocupaciones por el déficit, abriendo espacio a un debate más profundo sobre el modelo de desarrollo que el país necesita.
