El pasado mes de abril, el ministro de Justicia Antoliano Peralta dictó una conferencia en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, donde expuso con claridad los desafíos y el alcance real del flamante Ministerio de Justicia de la República Dominicana, creado por la Ley 80-25.
Una institución que nace en movimiento
Peralta fue enfático: el mayor reto del ministerio no es simplemente “existir”, sino construirse institucionalmente mientras mantiene operando estructuras heredadas del Ministerio Público, como el sistema penitenciario. En sus propias palabras, “no podemos dedicarnos únicamente a comenzar a existir, porque tenemos que mantener operando instituciones que ya estaban en funcionamiento”. El traspaso del sistema penitenciario —la parte más compleja— ya fue completado, aunque funciones registrales y administrativas permanecen pendientes por razones tecnológicas.
Un ministerio del Ejecutivo, no de la justicia
En el Desayuno del Listín Diario, Peralta clarificó un punto que genera confusión frecuente: “Yo no soy un funcionario de la justicia, yo soy un funcionario del gobierno central”. El ministerio no interviene en la labor de los jueces ni compite con el Ministerio Público. Su rol es recuperar las funciones que el Poder Ejecutivo tenía históricamente “incrustadas” dentro de la Procuraduría y que no correspondían a la persecución penal: la abogacía del Estado, el registro de ONG, certificaciones notariales y la coordinación arbitral de contratos estatales.
Seis ejes de acción institucional
La estructura operativa del ministerio se articula en seis viceministerios: Asuntos Penitenciarios; Políticas Públicas y prevención del crimen; Derechos Humanos —función que antes recaía en la Cancillería—; Representación del Estado en litigios contencioso-administrativos; Asuntos Registrales; y Colaboración con los órganos del sistema de justicia. Cabe destacar que el ministerio no tiene autoridad jerárquica sobre el Tribunal Constitucional ni el Defensor del Pueblo, sino un rol de articulación y coordinación interinstitucional.
Un contexto de reforma integral
Esta iniciativa no ocurre en el vacío. En diciembre de 2025, el presidente Abinader promulgó la reforma al Código Procesal Penal, que incorpora mecanismos de justicia restaurativa, criterios de oportunidad y acuerdos procesales. El Poder Judicial, por su parte, lanzó el plan “Justicia del Futuro 2034”, una hoja de ruta de una década para digitalizar e interoperar el sistema judicial. El Senado también avanza en la modificación de la Ley Orgánica Judicial para unificar la estructura legal del Poder Judicial. La República Dominicana transita, así, una reforma silenciosa pero profunda de su arquitectura institucional en materia de justicia.
