La isla de Cuba enfrenta una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente. Desde que la administración del presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 29 de enero de 2026 declarando una “emergencia nacional” y bloqueando el suministro de petróleo venezolano hacia la isla, la vida cotidiana de los 11 millones de cubanos ha quedado al borde del colapso.
Las paradas de autobús están vacías, las familias recurren a leña y carbón para cocinar, y los apagones se prolongan durante horas en todo el territorio nacional. La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha confirmado cortes simultáneos del servicio en amplias regiones durante el horario pico, afectando hospitales, transporte y servicios básicos.
La “Opción Cero”: un plan de emergencia histórico
Ante el bloqueo petrolero, el gobierno cubano activó la denominada “opción cero”, un plan de contingencia diseñado durante el Período Especial de los años noventa que contempla racionamiento extremo de combustible, paralización del transporte no esencial y concentración de recursos en sectores estratégicos. Cuba dependía de Venezuela para más de un tercio de sus requerimientos petroleros, una fuente que quedó cortada de golpe tras la caída del gobierno de Maduro.
El impacto económico es devastador: talleres paralizados, restaurantes cerrados, transportistas sin rutas y proyectos tecnológicos detenidos afectan de lleno al emergente sector privado cubano. Incluso Air Canada suspendió sus vuelos a la isla tras quedarse Cuba sin combustible para aviación comercial. El analista energético Jorge Piñón lo resumió sin rodeos: “Si realmente se cierra el grifo del petróleo, Cuba enfrentará un colapso económico inminente. Sin petróleo no hay economía. Se aproxima un huracán”.
Condena internacional y postura diplomática
La comunidad internacional no ha guardado silencio. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Cuba, advirtiendo que la situación podría “colapsar” si no se atienden las necesidades energéticas del país. Organizaciones de Puerto Rico y múltiples colectivos latinoamericanos condenaron el bloqueo energético como una violación del Derecho Internacional.
Desde Nueva York, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, declaró que la isla está “preparada” para enfrentar incluso un escenario de bloqueo total, y que Cuba está dispuesta al diálogo “sobre la base del respeto mutuo, igualdad de condiciones y no interferencia en los asuntos internos”, dejando en claro que su país no acepta imposiciones. Por su parte, Washington, a través del secretario de Estado Marco Rubio, no ocultó su objetivo: “nos gustaría ver un cambio de régimen en Cuba”.
La historia parece repetirse. El bloqueo actual evoca los documentos desclasificados de los años sesenta que proponían negar suministros a Cuba para generar descontento y provocar el derrocamiento del gobierno. Seis décadas después, Cuba insiste en que “en la mentalidad del cubano no está la palabra rendición”.
