Constitución dominicana, mandatos incumplidos por años

La República Dominicana enfrenta una crisis legislativa silenciosa que afecta directamente el Estado de Derecho: más de 80 leyes ordenadas por la Constitución permanecen sin aprobar, algunas desde la reforma constitucional de 2010. Esta situación incluye proyectos fundamentales como la Ley de Referendo y Plebiscito, mecanismos esenciales para la participación ciudadana directa en decisiones trascendentales.
El artículo 210 de la Constitución establece claramente que el Congreso Nacional debe aprobar las leyes complementarias necesarias para el funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, proyectos prioritarios como la Ley de Defensoría del Pueblo, la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura y regulaciones sobre transparencia gubernamental siguen archivados en comisiones legislativas.
La Ley de Referendo y Plebiscito representa uno de los vacíos más significativos, ya que impide que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre reformas constitucionales o decisiones de interés nacional. Este instrumento democrático, utilizado exitosamente en otros países latinoamericanos, permanece como promesa incumplida desde hace más de una década.
Los expertos constitucionalistas advierten que esta inacción legislativa debilita las instituciones democráticas y limita los derechos ciudadanos. La falta de estas normativas crea vacíos jurídicos que afectan la gobernabilidad y la participación efectiva de los dominicanos en los asuntos públicos.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado reiteradamente al Congreso Nacional priorizar estas leyes pendientes, especialmente aquellas relacionadas con la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. La ausencia de un cronograma legislativo claro para abordar estos mandatos constitucionales genera incertidumbre jurídica en múltiples sectores.
La situación se agrava cuando se considera que algunas de estas leyes son prerequisitos para otras normativas, creando un efecto dominó que paraliza reformas importantes en áreas como educación, salud y desarrollo social.



