Caso Maxi Montilla: 3 mil millones superan ministerios
Acuerdo polémico por corrupción genera controversia
El acuerdo judicial alcanzado entre el Ministerio Público y Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, por la devolución de 3,082 millones de pesos ha generado una intensa controversia política y social. La cifra acordada supera el presupuesto anual de varios ministerios del Estado dominicano, dimensionando la magnitud del caso de corrupción más emblemático de los últimos años.
Maxi Gerardo Montilla Sierra, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla de Medina, aceptó su responsabilidad penal y acordó devolver 2,000 millones de pesos en efectivo al Estado dominicano, además de pagar 600 millones en indemnizaciones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte por los perjuicios causados por sus prácticas fraudulentas.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional bajo el criterio de oportunidad establecido en el Código Procesal Penal, también incluye el pago de 431 millones a la DGII y el decomiso de un terreno valorado en más de 50 millones de pesos ubicado en el exclusivo sector del Ensanche Naco.
Sin embargo, la decisión ha desatado un intenso debate sobre la efectividad de la justicia dominicana en el combate a la corrupción. Críticos del acuerdo señalan que esta devolución “legaliza la corrupción y la impunidad en República Dominicana”, argumentando que permite que los corruptos negocien sus delitos y eviten las consecuencias penales correspondientes.
El caso forma parte de la Operación Antipulpo, la misma investigación que resultó en la condena a siete años de prisión para Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Según el Ministerio Público, Montilla utilizó sus empresas como vehículo societario para participar en procesos de contratación pública de forma fraudulenta, logrando adjudicaciones ilícitas en perjuicio del patrimonio público.
La investigación reveló que desde 2012, Montilla mostró un incremento significativo en las contrataciones públicas adjudicadas a sus empresas, aprovechando su cercanía con el poder político para establecer un monopolio de proveedores en el sector eléctrico. Los sobornos a funcionarios públicos fueron fundamentales para manipular los procesos de contratación y asegurar la adjudicación de contratos.
Como parte del acuerdo, Montilla deberá disolver 11 empresas vinculadas al entramado de corrupción en un plazo de dos años, incluyendo Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, y otras entidades que participaron en los contratos fraudulentos dentro del sector eléctrico.
El monto total del acuerdo equivale aproximadamente al presupuesto anual de instituciones como el Ministerio de Agricultura (2,500 millones), el Ministerio de Industria y Comercio (1,200 millones) o el Ministerio de Cultura (800 millones), lo que ilustra la dimensión económica del daño causado al Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) defendió el acuerdo como un avance significativo en la recuperación de fondos públicos desviados por corrupción, mientras que sectores de la oposición cuestionan si esta modalidad de justicia negociada realmente disuade futuros actos de corrupción o simplemente establece un precio por delinquir.
