Abinader revela pesquisa por irregularidades desde 2024
Investigación a SENASA destapa escándalo en salud
El presidente Luis Abinader confirmó que el Seguro Nacional de Salud (SENASA) es objeto de una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades administrativas, revelando que fue el propio gobierno quien solicitó las pesquisas en noviembre de 2024, meses antes de que los escándalos salieran a la luz pública.
“En la parte de SENASA, fue el Gobierno dominicano que depositó, con autorización nuestra, en noviembre de 2024, para que se investigara. La investigación que hay ahora, sin ningún reportaje previo, fue iniciativa nuestra”, enfatizó el mandatario durante su rueda de prensa semanal.
La investigación reveló un sofisticado esquema de corrupción que operó durante al menos cuatro años, involucrando a funcionarios, exempleados, médicos y familiares en la sustracción de decenas de millones de pesos mediante sobornos para autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas. Más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, utilizando identidades reales de afiliados para dar apariencia de legalidad.
El entramado fraudulento operaba a través de un “call center paralelo”, manejado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones ilegales. El esquema habría movilizado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas, según documentó el programa de investigación de Julissa Céspedes.
Entre los funcionarios señalados figuran Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas), siendo Robles identificado por testigos protegidos como la cabeza del entramado de corrupción que drenó recursos de la principal aseguradora pública del país.
Paralelamente, investigaciones periodísticas pusieron la lupa sobre un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL, parte del Grupo Read, para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Bajo esta modalidad, SENASA pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales -780 millones al año- sin importar si los pacientes recibían o no atención, en un acuerdo sin mecanismos de fiscalización claros.
El deterioro financiero de SENASA es alarmante. Según denuncias de la Fuerza del Pueblo, el déficit acumulado del régimen subsidiado asciende a 3,372.8 millones de pesos. La morosidad en los pagos a proveedores pasó de 0.97% en 2020 a 46.02% en 2023 y se mantiene en 44% en 2024, poniendo en jaque a clínicas, farmacias, laboratorios y médicos.
La nómina institucional creció de 1,408 a 1,971 empleados en cuatro años, mientras se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con costos que superan los cinco millones de pesos mensuales, funciones que antes cumplían los consulados. Los afiliados enfrentan largas esperas para citas médicas y retrasos en la entrega de medicamentos básicos.
Abinader advirtió que “cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente de salud, debería tener consecuencias drásticas” ante la justicia. Como parte de las medidas correctivas, Santiago Hazim fue destituido de la dirección ejecutiva y reemplazado por Edward Guzmán en agosto pasado.
Además del Ministerio Público, participan en la investigación la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República, Antifraude y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). SENASA anunció una auditoría externa que abarcará sistemas tecnológicos, procesos administrativos, operativos, finanzas y pagos de los últimos seis años.
