La nueva arquitectura de la justicia en RD

La creación del Ministerio de Justicia, la reforma penitenciaria de 2025 y la consolidación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) marcan un cambio de época para el sistema de justicia dominicano. Este cambio descansa en tres pilares: una nueva arquitectura institucional, un enfoque centrado en la dignidad y reinserción del privado de libertad, y el liderazgo técnico de un equipo de funcionarios con amplia experiencia en el servicio público y la academia.

Justificación política e histórica

La creación del Ministerio de Justicia no es una idea nueva: responde a una deuda institucional acumulada por más de seis décadas. La Secretaría de Estado de Justicia existió en distintas formas desde los inicios de la República, fue suprimida en 1931 con la Ley 79, restablecida en 1934 con la Ley 786, suprimida de nuevo en 1942 con la Ley 129 y restituida en 1955 con la Ley 4177. Finalmente, el 10 de diciembre de 1964, la Ley 485 la eliminó de forma definitiva y transfirió todas sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, donde permanecieron por más de 60 años.

Esa concentración de funciones en el Ministerio Público trajo consecuencias graves: una institución concebida para investigar, acusar y litigar terminó administrando también cárceles, personal penitenciario y la defensa del Estado en litigios civiles y administrativos. Durante años existió un Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia —dirigido en distintas etapas por Franky Almeida, Celeste Fernández, Alejandro Moscoso y Enrique García— que elaboró propuestas, impulsó el Código Procesal Penal e incluso redactó el proyecto original de ley del Ministerio de Justicia, sin poder ejecutarlas a plenitud.

La reforma constitucional del 27 de octubre de 2024 fue la bisagra política que hizo posible el cambio: sacó al Ministerio Público del ámbito de designación directa del presidente y lo colocó bajo el Consejo Nacional de la Magistratura, garantizando la independencia del procurador general. Al mismo tiempo, el sistema penitenciario se transfirió del Ministerio Público al Poder Ejecutivo vía el nuevo Ministerio de Justicia, completando una reorganización que busca separar con claridad quién persigue el delito de quién gestiona las consecuencias de las condenas. El ejemplo de Ecuador —donde la falta de control penitenciario ha comprometido la gobernabilidad— sirve de advertencia regional sobre lo que ocurre cuando este sistema no cuenta con una política integral.

Quién es Antoliano Peralta Romero y su rol

Antoliano Peralta Romero es un abogado dominicano especializado en derecho administrativo y electoral, con larga trayectoria como litigante, consultor y dirigente gremial. Fue vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana, y profesor universitario y formador en la Escuela Nacional de Formación Electoral.

En el plano político, coordinó el equipo legal de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020 y, tras la victoria, fue nombrado consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Desde ese cargo lideró la agenda normativa del gobierno hasta ser designado, mediante el Decreto núm. 1-26, como el primer ministro de Justicia en el marco de la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Su rol es coordinar la planificación, dirección y articulación de las políticas de justicia del Poder Ejecutivo, incluyendo la defensa del Estado, el sistema penitenciario y los servicios registrales.

Rol del nuevo Ministerio de Justicia

El nuevo Ministerio de Justicia nace como órgano de planificación y coordinación de políticas públicas, sin autoridad directa sobre jueces ni sobre el Ministerio Público. Su función esencial es trazar las directrices estratégicas del sistema de justicia, del mismo modo que el Ministerio de Salud define políticas sin administrar directamente los hospitales.

Entre sus funciones principales:

• Diseñar políticas públicas para mejorar el sistema de justicia, incluyendo propuestas de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal, usando la potestad de iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo.

• Coordinar el Sistema de Servicios Penitenciarios y Correccionales y fijar las políticas penitenciarias sin administrar directamente los recintos.

• Organizar la defensa del Estado ante demandas judiciales mediante la Oficina de Defensa de la Administración Pública y la nueva figura del abogado de la administración pública.

• Recibir en un plazo máximo de 24 horas todas las notificaciones judiciales dirigidas a instituciones públicas, para coordinar o asumir la defensa según la complejidad del caso.​

• Asumir la gestión de arbitrajes y litigios internacionales que antes manejaban la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Industria y Comercio.

La cartera asume también competencias en registros, certificaciones y servicios a la ciudadanía antes dispersos en el Ministerio Público, liberando a los fiscales de tareas que no les son propias. Para el año 2026 se aprobó un presupuesto de RD$4,175.7 millones para su operatividad, del cual aproximadamente el 75% corresponde a la DGSPC, reflejo de que el brazo ejecutor del sistema penitenciario concentra la mayor parte del gasto operativo.

El equipo: viceministros recientemente nombrados

El 3 de febrero de 2026, el ministro Peralta Romero juramentó a los cinco viceministros del Ministerio de Justicia y al director de la DGSPC, en un acto que dejó oficialmente conformada la máxima estructura de dirección de la institución. Los funcionarios fueron designados mediante el Decreto núm. 30-26, firmado por el presidente Abinader el 16 de enero de 2026, y la mayoría de ellos formaron parte del equipo de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo desde 2020.

Pedro Luis Montilla Castillo — Viceministro de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia
Abogado especializado en Derecho Público, egresado de la PUCMM, con más de 17 años de ejercicio profesional. Se desempeñó como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y letrado del Tribunal Constitucional, combinando la función pública con la docencia universitaria y la investigación en materia constitucional y administrativa. Su viceministerio es la interfaz entre el Ministerio de Justicia y los demás actores del sistema: Ministerio Público, Poder Judicial, defensa pública y demás instituciones vinculadas a la justicia.

Noelia Rivera Guevara — Viceministra de Representación Judicial y Extrajudicial
Abogada con formación internacional, también se desempeñó como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo hasta febrero de 2026. Es profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la PUCMM, y ha desarrollado su carrera en el sector público y privado con enfoque en litigio y representación del Estado. Este viceministerio coordina la defensa del Estado dominicano en demandas civiles, administrativas, arbitrajes locales e internacionales, y supervisa la nueva Oficina de Defensa de la Administración Pública.

Noel Sued Canahuate — Viceministro de Derechos Humanos
Abogado y académico especializado en derecho público, con experiencia en diseño de estrategias jurídicas y desarrollo normativo desde distintas instituciones del Estado. Cuenta con formación de posgrado y tiene un doctorado en curso, lo que refuerza el componente académico de su perfil. Su viceministerio vela por que toda la actuación del sistema de justicia, y especialmente el sistema penitenciario, se ajuste a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo las Reglas Mandela.

Juan Dionicio Rodríguez Restituyo — Viceministro de Políticas Públicas
Jurista con extensa trayectoria en el ámbito legislativo, comunitario y de derechos humanos, con experiencia como diputado, regidor y consultor de organismos nacionales e internacionales. Ha participado activamente en procesos de reforma penitenciaria, lo que lo convierte en un enlace natural entre la política pública y la ejecución en terreno. Su viceministerio diseña las políticas públicas contra la criminalidad y lidera la propuesta de reformas normativas que el Ministerio somete al Poder Ejecutivo y al Congreso.

Delta Corkidis Paniagua Féliz — Viceministra de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía
Abogada con experiencia en derecho administrativo, ética pública y asesoría jurídica en importantes instituciones del Estado, complementada con una prolongada práctica privada. Su viceministerio gestiona las funciones que el Ministerio de Justicia asume en materia de registros civiles, certificaciones, apostillas y demás servicios que impactan directamente a la ciudadanía, consolidando bajo una sola cartera trámites que antes estaban dispersos en distintas entidades.

Transformación del sistema penitenciario

El sistema penitenciario dominicano arrastra décadas de deterioro desde que la Ley 485 de 1964 dejó la administración carcelaria en manos del Ministerio Público, institución concebida para investigar y litigar, no para gestionar cárceles. El resultado fue hacinamiento estructural, condiciones precarias, una proporción desproporcionada de presos preventivos y cárceles percibidas como “fábricas de delincuentes”.

La reforma penitenciaria de 2025 consolida un giro de modelo que se gestaba desde el nuevo modelo de gestión iniciado en 2003: las penas dejan de entenderse como castigo para centrarse en la reeducación y la reinserción social, siguiendo el Código Procesal Penal y las Reglas Mandela de Naciones Unidas. El Poder Ejecutivo declaró el tema penitenciario de interés estratégico y creó la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) como paso previo a la configuración institucional actual.

Entre los cambios estructurales más relevantes:

• La Ley 113-21 deroga la vieja Ley 224 de 1984 y reorienta el sistema hacia la rehabilitación con estándares internacionales.

• Se estructura un sistema penitenciario único que articula el “nuevo modelo” con la transformación progresiva de las cárceles tradicionales, comenzando por sacar todos los recintos ubicados dentro de cuarteles militares o policiales.

• Se ejecuta un cronograma de infraestructura: nuevos centros como Las Parras, San Juan de la Maguana y Barahona, más diez licitaciones adicionales, con el Ministerio de Vivienda como ente constructor bajo los lineamientos técnicos de la DGSPC.

• El sistema se vincula al entramado del Estado: el Servicio Nacional de Salud atiende necesidades médicas y psiquiátricas; Proindustria y Agricultura desarrollan proyectos productivos internos; y los Comedores Económicos garantizan la alimentación, identificada como la causa más inmediata de disturbios carcelarios.

De la antigua Dirección de Prisiones a la DGSPC

La antigua Dirección de Prisiones era una dependencia interna del Ministerio Público sin autonomía, sin presupuesto propio y sin un mandato claro de rehabilitación. La actual DGSPC introduce diferencias fundamentales:

• Tiene personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y presupuestaria, y está adscrita al Ministerio de Justicia.

• Es el órgano rector de la administración de todos los centros de reclusión, los programas de rehabilitación y la formación del personal penitenciario.

• Opera con un mandato explícito de orientar la ejecución penal hacia la reeducación y la reinserción social en coherencia con los estándares internacionales.

• Cuenta con canales directos con el Poder Ejecutivo, otorgándole agilidad para responder a crisis operativas como problemas de alimentación, seguridad interna o infraestructura.

Se separa así con claridad el rol del fiscal —perseguir delitos— del rol del gestor penitenciario —administrar penas y garantizar la rehabilitación—, permitiendo profesionalizar ambas funciones.

Biografía y logros de Roberto Santana

Roberto Santana Sánchez es uno de los referentes más reconocidos de la reforma penitenciaria dominicana contemporánea. Se formó como académico y llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), desde donde impulsó programas de formación y reflexión crítica sobre el sistema carcelario.

En el ámbito penitenciario, encabezó el proceso de instauración del “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria” iniciado en 2003, que introdujo centros más humanos, personal civil especializado y programas de rehabilitación como alternativa al modelo custodial tradicional. Fue también el impulsor del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPC), dedicado a formar cuadros técnicos para el sistema. Designado director de la DGSPC mediante el Decreto 14-26, asume la conducción práctica de la transformación del sistema bajo la rectoría política del Ministerio de Justicia, participando además en instancias internacionales como la Academia Regional Penitenciaria y el Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.